Contaminación ambiental: la deuda que les dejamos a los niños
El 52 por ciento de los chicos y adolescentes argentinos habita zonas con alta contaminación. La falta de cloacas y agua potable, además de las explotaciones agraria, industrial, hidrocarburífera y minera son factores esenciales de este fenómeno.
La economía argentina creció en los últimos años a tasas del 8 por ciento anual, alcanzó un Producto Bruto Interno (PBI) de más de 300 mil millones de dólares y generó reservas por 50 mil millones, esencialmente gracias al “boom” de consumo interno y a los precios internacionales de los commodities como el maíz, la soja y el trigo. Detrás de este brillo macrofinanciero, se esconde no obstante un enemigo silencioso que socava el futuro de la población y la fertilidad del suelo: la contaminación ambiental. Una plaga moderna vinculada a la creación de riquezas y, sobre todo, al manejo inadecuado de los recursos naturales.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, el 52 por ciento de los niños y adolescentes del país (unos 6 millones, según el Censo 2001) se encuentra en una situación de “riesgo ambiental”, debido a la carencia de saneamiento básico y a las explotaciones agraria, industrial, hidrocarburífera y minera.
El “Atlas de Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina”, un trabajo preparado por equipos técnicos de la Defensoría y de cuatro agencias de la Organización de Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, OPS y la OIT), precisa que el 29 por ciento de los menores de 18 años (unos 3 millones y medio) habita zonas rurales y periurbanas donde el mal uso de agroquímicos los somete a un contaminación progresiva que puede producirles enfermedades crónicas e, incluso, la muerte.
La titular del Área Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría, Cristina Maiztegui, identificó en diálogo con Gaceta Mercantil dos de esas sustancias que ponen en peligro a la población infantil: el “glifosato”, un herbicida altamente contaminante que se aplica a la soja, y “endosulfán”, un insecticida de alta toxicidad que fue prohibido en más de 60 países desarrollados y emergentes, y que se utilizó en la Argentina hasta el año 2009.
Maiztegui comentó que las regiones donde la población infantil resulta más perjudicada son, obviamente, las que integran la “Pampa sojera”: Buenos Aires, Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco. En estas provincias, se combinan el mal uso de las sustancias químicas por parte de los chacareros y la contaminación natural que generan cultivos como la caña de azúcar y el algodón o la crianza de vacunos.
Sin embargo, los fertilizantes y pesticidas no son el único factor de vulnerabilidad social para los más pequeños. La contaminación industrial abarca a más de 5 millones de niños en zonas urbanas y periurbanas, mientras la ausencia de saneamiento básico adecuado (agua potable y cloacas) alcanza a un 58 por ciento de menores de edad, principalmente en el Noreste, el Noroeste y en el Conurbano bonaerense.
Por el contrario, el informe de la Defensoría no pudo sacar conclusiones certeras acerca de los efectos de la explotación del subsuelo en los niños. Por normativa, las provincias tienen potestad absoluta sobre las producciones mineras y, como se vio en el debate parlamentario sobre la Ley de Glaciares, son muy reacias a dar información a los organismos de control, sobre todo las que lindan con la cordillera de Los Andes. Es decir, el panorama podría ser mucho peor si se conocieran los datos de contaminación por cianuro, insumo básico de la minería metalífera.
El titular del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), el pediatra social Norberto Liwski, explicó a Gaceta Mercantil que uno de los tipos de contaminación más aguda se registra “en lo que llamaríamos los agronegocios indiscriminados”.
“No estamos hablando de producciones agrícolas que han cuidado el ambiente. Estamos hablando de aquellas producciones que se han hecho extensiva o intensivamente con agrotóxicos de enorme potencialidad patológica (…) Pero independientemente de la agresividad del agrotóxico, el tema es el descuido con el cual se utilizan respecto de la población circundante y estas poblaciones circundantes tiene un predominio de niños”, afirmó Liwski.
El presidente de CODESEDH relató que los “peores efectos médicos” se comprueban cuando las grandes extensiones de cultivos se fumigan con “agrotóxicos aéreos”, ya que “es totalmente imposible controlar el grado de expansión que tienen” sobre las poblaciones contiguas a los campos. Es que la aplicación de químicos con avionetas fumigadoras termina dispersando fertilizantes y plaguicidas sobre casas y rutas, con el consiguiente daño tóxico para vecinos y viajeros.
A esto debemos sumarle la contaminación progresiva que sufren los peones del campo, una labor que cumple una cantidad significativa de menores de edad, según demuestran los registros del sindicato de trabajadores rurales (UATRE), que colaboró con el informe de la Defensoría del Pueblo.
Al preguntársele por las alteraciones que provoca en los seres humanos la ingesta prolongada de agroquímicos, Liwski indicó que, en general, causa “enfermedades del campo de la neurología, muchas en estado de estudio y experimentación” y agregó que “lo que por ejemplo ya no deja duda alguna es que hay patologías de piel, respiratorias, pero se está poniendo mucha atención en el grado de incidencia de enfermedades de origen neurológico”.
En ese sentido, el pediatra mencionó los casos de bagazosis en la localidad de Libertador San Martín, provincia de Jujuy, y en algunas ciudades de Tucumán. La bagazosis es una enfermedad inmunológica que sufre la gente expuesta a la inhalación de las bacterias que libera la caña de azúcar enmohecida y se manifiesta comúnmente en neumonitis y otros padecimientos pulmonares.
Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que el 36% de las muertes de niños de 0 a 14 años está causado por riesgos ambientales evitables. Además, establecen que en las últimas décadas la perspectiva de vida aumentó 18 años en los grandes centros urbanos argentinos y sólo 5 en algunas zonas rurales sin desarrollo.
Mientras los agroquímicos y la contaminación natural que originan algunos cultivos degradan la capacidad productiva del suelo y corrompen los cursos de agua, la población rural exhibe los síntomas de un progresivo envenenamiento: dolores de cabeza, fatiga, debilidad, mareos y náuseas son los primeros indicios de la ingesta de fertilizantes y plaguicidas.
Más adelante, cuando el cuerpo se acostumbra a convivir con sustancias tóxicas, las enfermedades son aún más graves. Desde la alteración del sistema nerviosa que mencionó Liwski, hasta problemas respiratorios, daños en los aparatos reproductivos, cáncer e, incluso, la muerte súbita.
Al respecto, no puede dejar de mencionarse que estudios recientes demuestran que cuanto mayor es la contaminación de una población, más elevados son los índices de abandono, repitencia y sobreedad en la escuela, tres factores que empobrecen el nivel educativo promedio de la Argentina.
Los mapas ambientales elaborados por la Defensoría del Pueblo de la Nación no sólo son una oportunidad para cambiar esta realidad, sino que además permiten detectar una curiosidad: cuanto mayor es el potencial contaminante del medio ambiente, el riesgo de vulnerabilidad social pierde incidencias porque toda la población, sea de la clase social que sea, está en peligro.